La destitución de Pablo Comas y la entrada de un nuevo consejo de administración designado por el Ayuntamiento de Huelva como accionista mayoritario del Recre en octubre de 2016 fue legal. Así lo ha declarado la Justicia. Comas denunció la intervención del Ayuntamiento y su destitución. La Justicia ha fallado a favor del consistorio, avalando la legalidad de los nombramientos y el relevo del que hasta entonces figuraba como consejero delegado albiazul, según la sentencia a la que ha tenido acceso Huelva Información. Unos meses antes el pleno había aprobado la expropiación de las acciones en base a la ley de patrimonio para garantizar la supervivencia del BIC Recreativo de Huelva de Huelva como Decano del Fútbol Español. Fue un verano tenso. El Ayuntamiento como propietario tuvo que convivir con el expropiado hasta su destitución como consejero delegado. Fueron meses difíciles, en los que la planificación deportiva estuvo condicionada ya que todos los movimientos debían contar con la firma de Comas, como quedó ejemplificado con el episodio final del relevo de Juanma Pavón a escasas horas del inicio de la competición. El Ayuntamiento como propietario carecía de poder de decisión. Necesitaba para ello destituir a Comas de su cargo, para lo cual fu preciso la convocatoria de la junta general de accionistas. 
 
Hace poco más de una semana que el actual consejo de administración cumplió sus primeros cuatro años al frente del Decano. Fue el 6 de octubre de 2016 cuando el presidente vigente, Manolo Zambrano, junto a un equipo de directivos del que permanecen Jesús Pulido y José Antonio García Zambrano. Formaron parte de la directiva junto a ellos Jesús Pelayo, Ignacio Cañizares, José Ángel García, Manuel Daniel García, Manuela Romero, Álvaro Cabeza y Roberto Sánchez. Fueron los consejeros que tomaron las riendas del club tras la destitución de Pablo Comas de su función como consejero delegado a cargo de la Junta General de Accionistas. El expresidente de la entidad, Diego de la Villa, intervino como presidente de la Junta mientras que en el exconsejero Quino Maján actuó como secretario. Tras la modificación posterior del consejo en la Junta de diciembre de 2016 se sumaron Jonathan Pérez y Carlos Hita y se produjeron varias salidas. 
 
El anterior propietario, Pablo Comas a través de Gildoy España, denunció la celebración de la junta así como las decisiones que se tomaron en la misma, solicitando su nulidad y restitución como consejero delegado albiazul. La sentencia argumenta que puesto que la impugnación de los ceses y nombramientos tienen como fundamento jurídico el recurso existente sobre la expropiación y que al no estar misma resuelta en un sentido ni en otro no cabe ilegalidad en la convocatoria, celebración ni las decisiones adoptadas en cuanto que mientras no quede resuelto el contencioso por la expropiación las actuaciones han sido llevadas a cabo por el propietario actual, que es el Ayuntamiento de Huelva. Además, la jueza indica que la convocatoria de la Junta fue realizada por el Registro Mercantil a instancias del Ayuntamiento como socio, lo que legitima todas las actuaciones y acuerdos aprobados. Por todo ello, y tras analizar los principios sobre los que se basa la demanda, la magistrada María Jesús Hermoso Ayuso dicta que “que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Hervás Tebar en representación de la mercantil Gildoy España SL, absolviendo a la demandada de las pretensiones contenidas en aquella. Con imposición de las costas ocasionadas a la parte demandante”.Sobre la sentencia cabe recurso en los 20 días siguientes a la notificación de la misma por parte de la Audiencia Provincial. 
 
La sentencia supone el final de la primera de las batallas legales contra el anterior dueño emanadas de la expropiación del club por el Ayuntamiento de Huelva. El pleno aprobó en junio de 2016 la intervención y ya en julio se hizo efectiva la misma tras no prosperar las alegaciones realizadas por Comas, según refleja la sentencia. Posteriormente, el 25 de mayo se le denegó la suspensión de la expropiación como medida cautelar derivada de su recurso contencioso-administrativo. El procedimiento sigue su curso. Durante estos cuatro años, la entidad ha recuperado poco a poco la normalidad institucional, como refleja la celebración de la próxima Junta del día 8 de noviembre que permitirá registrar el penúltimo ejercicio pendiente, ha desbloqueado sus cuentas y avanzado el largo camino para su estabilización.